4 jun. 2010

ANALISIS

Nuestra Salud
¿Un Derecho o un Negocio?


Por: Julissa Suárez

Hace poco, mi primo de 17 años se vio aquejado por cólicos estomacales que derivaron muy pronto en una temible peritonitis. Fue llevado a una casa asistencial que supuestamente cubría los gastos del seguro de salud que uno de mis tíos paga, al descontársele un saldo de su salario mensual. Pero ¡oh Infamia!, al percatarse que una operación urgente no constaba dentro de los procedimientos que amparaba el seguro, y muy a pesar de las protestas de mis familiares, mi primo fue impedido de someterse a una intervención, de la que lógicamente dependía su vida.

Felizmente fue llevado a un hospital donde le atendieron, y hoy se recupera satisfactoriamente.

Pero, lejos de ser esta una buena noticia, lo que producen esta clase de situaciones es repulsión, indignación e impotencia. ¿Cómo llamarse profesional de la salud si no es profesional trabajar sin ética y no importa en lo más mínimo la salud de quienes sirves? ¡Porque eres un servidor de la ciudadanía! ¡Esa es la función para la que muchos profesionales en este país son designados!....


“La situación escapa de nuestras manos”, “No puedo hacer nada más por usted”, “Lo sentimos, son los procedimientos…”. Son las frases más frecuentes que escuchan los resignados pacientes, que desde ese instante quedan en el limbo, desesperados y sujetos a una circunstancia inverosímil.
Los trabajadores que destinan de su sueldo un porcentaje para emergencias médicas no pueden estar seguros de su “seguro”, valga la redundancia.

Según la Superintendencia de Compañías hay 17 aseguradoras de asistencia médica en el país, entre ellas están: Salud S.A., Ecuasanita, Panamericana del Ecuador, Seguros Sucre, entre otras. El afiliado paga mensualidades que van desde los $4, 67 ctvs., que a la larga, representa un ingreso significativo para estas empresas, tomando en cuenta el número de empleados e instituciones que se acogen a este servicio; dependiendo del perfil de salud del paciente, obtiene tarjeta para recibir atención en más de 100 centros médicos afiliados, laboratorios clínicos y farmacias. No obstante, estos beneficios no suelen ser percibidos por los obreros cuando los requieren.

Más allá de las políticas, que tenga una entidad, o el medio que se adopte en estos casos, los ciudadanos deben saber que hay una La Ley de Derechos y Amparo del Paciente que debe proceder en estos casos.

Según el Capítulo II, artículos 2, 3, 4, y 5, el paciente tiene derecho a:

a) Una atención digna, lo que implica ser atendido oportunamente y con respeto

b) A no ser discriminado; no debe segregarse al paciente por cuestiones de sexo, raza, religión y /o condición socioeconómica.

c) A la confidencialidad; cualquier información relacionada con la práctica médica debe ser concertada entre el paciente y el médico tratante.

d) A la información, lo que nos indica que cualquier duda, riesgo, recomendación, pronósticos, alternativas, etc.; absolutamente todo, debe ser expuesto al paciente en términos que él pueda entender.

e) A decidir; el paciente puede tomar las decisiones sobre el paso a seguir, excepto en los casos de emergencia.

Ahora, los Capítulos III y IV, nos revelan que “bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente en estado de emergencia”, más aún en casos de catástrofes. En casos de extrema emergencia, el afectado “debe ser recibido en cualquier centro médico, sin necesidad de pago previo, prohibiéndose a los centros púbicos y privados exigirle a él o a su familiares que presenten tarjetas, cheques o cualquier tipo de documento de pago, como condición previa a ser atendido y estabilizado en su salud. Luego de estabilizarlo, la institución podrá exigir el pago de la atención recibida. El valor no recuperado se deducirá del impuesto a la renta de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno”.

El objetivo no es cansarlos con tantos artículos y designaciones legales. Lo que se busca es difundir los derechos y las obligaciones que las instituciones, en este caso médicas, tienen con ustedes, que en ocasiones se ven aquejados por las enfermedades.

Si bien es cierto que los médicos no gozan de todas las facilidades y la infraestructura adecuada para brindar el apoyo y el servicio requeridos en algunos casos, no es razón que justifique la arbitrariedad que observamos en muchas casas de salud, públicas y privadas de Ecuador. Es creíble cuando nos dicen que la situación se escapa de sus manos o no es de su competencia, cuando la aseguradora no corre con ciertos gastos, como sucede en el caso de los trabajadores. Pero, ¡Por Dios!... Son seres humanos los que tienen frente a sus ojos los que solicitan ayuda, una ayuda que lamentablemente se ve condicionada por el efectivo que tengan en su bolsillo o en la cuenta de ahorros del banco.

Los familiares también deben velar continuamente por la salud y la estabilidad de su pariente, sin dejarse avasallar por la situación, porque de ellos dependen las decisiones correctas para salvar la vida de quienes aman.

Ojalá que en esta cacería de brujas, aquellos médicos, los que se muestran indolentes y negligentes, junto con las aseguradoras irresponsables y facinerosas, cuenten con su propio abogado del diablo…


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